WASHINGTON, D.C. — El último acuerdo del Departamento del Interior para reembolsar a la compañía, Invenergy, 765 millones de dólares, por cuatro concesiones de proyectos de energía eólica en la Bahía de Nueva York, la Costa Central de California y el Golfo de Maine, perjudica los avances hacia la energía limpia y asequible. Las condiciones del acuerdo requieren reasignar esos recursos al desarrollo de centrales eléctricas de gas, en Indiana, Wisconsin, Iowa, Kansas y Misuri, y en proyectos de generación geotérmica en el oeste del país.

"El gobierno está revirtiendo, una vez más, el rumbo del progreso nacional para aprovechar de la energía eólica, renovable, limpia y fiable", dijo Amber Hewett, directora sénior de energía eólica marina en National Wildlife Federation. "En lugar de permitir la continua inversión en energía limpia y asequible para los contribuyentes estadounidenses, el gobierno está frenando el dinero y librando una guerra infundada contra la energía eólica marina y en favor de una mayor producción de petróleo y gas. El gobierno no ha mostrado evidencia que respalde sus acusaciones contra la energía eólica. Esta estrategia que ha sido legalmente disputada impide generar empleos, estabilizar los costos de la energía y frenar los esfuerzos frente a los efectos devastadores del cambio climático en las comunidades y la vida silvestre", aseguró Hewett.

Desde marzo, este ha sido el tercer anuncio de un reembolso de proyectos de energía eólica. El primero fue con TotalEnergies y el segundo con Ocean Winds, CPP Investments y Global Infrastructure Partners. El anuncio llega tras una demanda presentada el 2 de junio, en Nueva York y otros seis estados del noreste, debido a la decisión del gobierno de cancelar proyectos de energía eólica frente a la costa de Nueva York y reembolsar a la compañía, TotalEnergies, cientos de millones de dólares para inversiones en combustibles fósiles.

Los estados argumentan que el acuerdo es ilegal, eludiendo procedimientos federales y utilizando indebidamente fondos públicos. Los líderes estatales sostienen que el gobierno favorece los combustibles fósiles frente a las energías renovables y que no hay evidencia de que el acuerdo proteja la energética asequible y los intereses nacionales.